El Gobierno analiza paralizar temporalmente la actualización de los alquileres al IPC. El gobierno está estudiando cláusulas de congelación temporal en los contratos de alquiler que permitan a los propietarios renovar los alquileres en función del IPC.
Fue parte de la respuesta de la administración al aumento de la inflación, que terminó en una tasa anual del 7,6% en febrero y es probable que continúe batiendo récords al menos hasta marzo. La métrica se mantendrá en 8,6% este mes, según analistas como Funcas.
Ante este imparable avance, el Gobierno de coalición baraja diferentes tipos de fórmulas (que van desde los conocidos acuerdos de renta hasta medidas fiscales) para que los hogares amortigüen el golpe. Uno de ellos es la posibilidad de suspender el crecimiento de los ingresos por rentas a la par que los precios, al menos hasta 2022.
La propuesta formal la presentó este miércoles el Ministerio de Transportes, Transportes y Agenda Urbana, parte de Unidas Podemos, socios minoritarios del Gobierno y sindicatos: «El acuerdo de renta que se está discutiendo debe ser lo más amplio posible», explicó la fuente del Consejo de Trabajadores. Parece ilógico decir que si los salarios no suben en línea con el IPC, las rentas subirán.
Sin embargo, desde la cartera que dirige Raquel Sánchez señalaron que, pese a su disposición a analizar todas las propuestas recibidas, es pronto para cerrar medidas concretas. «La propuesta de congelar las renovaciones de alquileres está sobre la mesa. Ahora está abierto durante dos semanas para trabajar con los agentes sociales y otros ministerios para ver cuál es la fórmula más adecuada», detalló la fuente del departamento de Transportes.
Desde 2015, los propietarios pueden incluir en sus contratos la posibilidad de actualizaciones anuales de la renta en función de la inflación. Así, por ejemplo, un contrato de arrendamiento firmado en marzo de 2021 podría referirse un año después al IPC de febrero de 2022, el último dato oficial publicado por la Oficina Nacional de Estadísticas de EE. UU. (INE). Así, con un aumento del 7,6% en febrero, la renta media en marzo fue de 800 euros, que aumentará en más de 60 euros al mes y en torno a los 729 euros a final de año.
Los contratos que finalizan en abril de 2021 podrían encarecerse, sumando más de 68 al mes, y rondando los 825€ tras el año completo, dada la subida del 8,6% en marzo que baraja Funcas.
Hay una serie de reglas para actualizar los alquileres en función de la inflación. Actualmente, no todos los arrendamientos siguen el mismo modelo.
Con carácter general, en los contratos firmados antes del 31 de marzo de 2015, última gran reforma, el arrendador tiene derecho a actualizar la renta conforme a la ley tras la subida de precio firmada entre arrendador y arrendatario. Sin embargo, los propietarios con contratos terminados a partir de abril de 2015 (la mayoría en la actualidad) solo pueden actualizar las rentas si esto se refleja en sus documentos.
En ambos casos, el inquilino debe recibir notificación formal del propietario. Con la modificación de 2015, los legisladores también introdujeron la posibilidad de que ambas partes acuerden un sistema de actualización que estimen conveniente, aunque según fuentes dedicadas, esta elección suele ser desconocida, razón por la cual la mayoría de los contratos se refieren al CPI.
Fuente: Cinco días – El país economía